Al igual que con la educación, desde MAESTROS COLOMBIA creemos que la restitución de la salud como derecho fundamental debe ser un compromiso a adoptar por el que esperamos sean unos renovados poder legislativo y ejecutivo que, comprometidos con los intereses del pueblo y no con los de los empresarios y mercaderes de la salud, entiendan que el acceso universal a una salud de calidad no puede estar supeditada al poder adquisitivo y a la condición económica de la ciudadanía.
La Constitución de 1991 marcó un derrotero a seguir al caracterizar al nuestro como un estado social de derecho, esto es, un estado en el que el deber ser del aparato estatal se focaliza en garantizar a sus asociados garantías y oportunidades para una vida en condiciones de dignidad y justicia social.
Sin embargo, más de un año antes de instalarse la Asamblea Nacional Constituyente (febrero 5 de 1991) nuestro cuestionado congreso expidió la ley 10 de 1990 (Enero 10) mediante la cual se pretendía reorganizar el Sistema Nacional de Salud, distribuyendo responsabilidades en los entes territoriales, pero con violación del principio de suficiencia hacendística, esto es, descentralizando funciones más no así los recursos necesarios y suficientes para atenderlas en debida forma.
Con posterioridad a ello y contrariando el espíritu de la Carta de navegación de 1991 y el rumbo trazado por el poder constituyente, un poder constituido y prostituido como el congreso, desarrolló legalmente el texto constitucional en materia del derecho fundamental a la salud en los términos más convenientes, y no precisamente para el conjunto de la sociedad, sino para el neoliberalismo, convirtiéndonos de facto en un estado antisocial de hecho.
Luego, en desarrollo de los artículos 356 y 357 superiores, la ley 60 de agosto 12 de 1993 definió supeditar la descentralización y financiación de la salud a la acreditación de unas pautas, señaladas antes por la Ley 10 de 1990 en su artículo 37, tales como la creación de unidades hospitalarias y de prestación de servicios con carácter de establecimientos descentralizados, facultándose incluso a la nación para abstenerse de apoyar con programas de cofinanciación a quienes no acataran las directrices privatizadoras.
Posteriormente la ley 100 de diciembre 23 de 1993 transitó, en contravía y en detrimento del derecho a una salud pública fortalecida, por la senda de mercantilización de la salud y de su entrega en manos de los defensores de una lógica de mercado en la que lo real y únicamente importante es favorecer negocios, ingresos y ganancias de aquellos para los que la salud se abrió y ofertó como una posibilidad u oportunidad más para invertir y lucrarse.
Con las bases sentadas para el fortalecimiento de lo privado, en detrimento de lo público, la ley 344 de diciembre 27 de 1996, en desarrollo de lo instituido por los artículos 13 y 14 de la Ley 60 de 1993 planteó, ya abierta y descarnadamente, la transformación del modelo de financiación de la salud suprimiendo y reemplazando el sistema de subsidios a la oferta por uno de subsidios a la demanda que raquitizó las instituciones públicas supeditando su supervivencia a competir en evidentes circunstancias de desventaja frente a los intermediadores privados.
Desde esta lógica neoliberal y privatizadora, se introdujeron en el ámbito de lo público categorías tales como servicios producidos, venta de servicios, aumento en la venta de servicios, etc., que desfiguran el sentido social de la salud como derecho fundamental dentro de un auténtico estado social de derecho.
Por ello, más allá de los interesantísimos planteamientos de una autoridad en la materia como la Dra. Carolina Corcho, quien ha planteado la necesidad de superación y eliminación de la ley 100/93, queremos modestamente plantear algunas ideas sueltas de lo que a nuestro juicio resultaría también importante que se hiciera desde un nuevo gobierno y un nuevo congreso.
- Reversión inmediata de la reforma constitucional que sustrajo billonarios recursos a la salud y a la educación. Colocar la educación y la salud como prioridad nacional implica garantizar los recursos necesarios que posibiliten invertir en la atención de necesidades básicas de la gente. El primer desafío por asumir, tiene entonces necesariamente que ser y ver con revertir las reformas constitucionales que a partir de los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007 y de sus desarrollos legales, asestaron un durísimo golpe al estado social de derecho mediante la sustracción de un importante volumen de recursos que en la práctica significó la modificación de los artículos 356 y 357 Superiores.
- Solucionado lo anterior creemos que se hace necesario también revertir el esquema de financiación de la salud y pasar o volver de un modelo de subsidio a la demanda a uno de creciente subsidio a la Oferta
- Al igual a como se plantea en el Pacto por la Educación en torno a la necesidad de fortalecer las universidades de carácter departamental y de avanzar hacia la apertura de nuevas universidades en cada una de las capitales de departamento que no posean universidades, se plantea la necesidad de apertura y financiación de hospitales de alta complejidad no solo a cargo de los departamentos sino también la apertura de nuevos hospitales de cuarto nivel de complejidad en cada una de las ciudades capitales de Colombia.
- Por último, creemos importante que, sin menoscabo de la descentralización administrativa, se avance en el camino de la nacionalización de la salud en Colombia, en términos de que las políticas públicas, las de inversión y mantenimiento de la infraestructura, así como su dotación con instrumentos y tecnología de punta, sean de responsabilidad de la Nación y se atiendan mayoritariamente con recursos nacionales.
En el mismo sentido creemos, que la financiación de las plantas de personal, como ocurre con los maestros, debe ser responsabilidad nacional y debe concretarse a través o mediante procesos de conversión de planta que garanticen la estabilidad laboral y un salario profesional que reconozca y dignifique a quienes laboran en el sector salud.
Si de algo sirvió la pandemia del COVID-19 fue para mostrar la eficiencia en la respuesta frente a una amenaza para la salud y la vida de sistemas centralizados y de naturaleza pública y las dificultades donde quiera que las responsabilidades se atomizaron y diluyeron y la salud estuvo en manos de particulares.
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