Para nadie es un secreto, que los jóvenes del país, históricamente marginados por el establecimiento de oportunidades básicas o de derechos fundamentales tales como educación, salud, empleo y trabajo en condiciones de dignidad y calidad, asumieron desde abril la responsabilidad de liderar la legítima protesta social, exponiéndose en las calles a la más brutal y desmedida represión del estado y sus agentes como quedó reconocido y consignado en el informe elaborado sobre el particular por la CIDH.
Sin embargo, los casos de uso desproporcionado de la fuerza por parte de organismos y escuadrones policiales que se tradujo en lesiones permanentes en los ojos de muchos de los manifestantes, muertes y hasta casos de desaparición forzada, no suficientemente investigados pero si documentados en videos testimoniales tomados por ciudadanos espontáneos y difundidos (a pesar de los medios de comunicación) por las redes sociales no son la única consecuencia de las protestas.
A la represión siguió otra también feroz campaña de estigmatización y de deslegitimación de la protesta social y de sus protagonistas, con la cooperación de medios hegemónicos afines al gobierno, que sirvieron como antecedente para implementar, al estilo de las dictaduras del sur del continente, una cacería de brujas y una campaña agresiva de judicialización y condena, con características de falsos positivos, cuyo propósito o finalidad último es, con ánimos de retaliación, sentar un precedente que desde lo punitivo desestimule nuevas protestas (escarmiento).
Frente a la histórica cobardía e impasibilidad de los mayores, los jóvenes no evadieron su responsabilidad histórica muy a pesar de los altos costos que han tenido que asumir, siendo el más reciente de ellos la privación arbitraria de su libertad ante una sociedad para la que su juzgamiento y condena, desde el retorno de la indiferencia y de la solidaridad, pareciera haber perdido importancia frente a otros temas que acaparan el interés de quienes, sin esbozar ni una sola propuesta para la superación de las causas estructurales que dieron origen a las protestas, hoy sitúan en hacerse elegir lo prioritario.
No sin razón y frente a esa sensación de soledad y de abandono, muchos de quienes tuvieron el valor civil para salir a las calles a protestar, a restearse y a visibilizar todas las marcadas injusticias de nuestra sociedad, hoy se sienten absurdamente invisibilizados, instrumentalizados y desesperanzados en que algo de verdad cambie, al tiempo que se cuestionan si de verdad tantos sacrificios y riesgos valieron la pena.
Por ello es un imperativo ético, y más para quienes aspiran a cargos de elección popular, que de manera pública los candidatos asuman desde ya compromisos no solo con el esclarecimiento y sanción ejemplarizante de los responsables de las agresiones físicas a nuestra juventud, sino también de quienes en ejercicio de una expresión incuestionablemente política han sido privados de la libertad y condenados.
La ciudadanía que acudirá a las urnas tanto en marzo como en mayo de 2022, en la perspectiva de renovar el congreso y cambiar al ejecutivo, al igual que la juventud violentada, perseguida e injustamente criminalizada esperaría que los privados de su libertad sean partícipes de un proceso de resarcimiento y de restitución de su libertad, derechos buen nombre.
Más que ocuparse en discusiones estériles o bizantinas sobre quién encabeza o no listas, esperaríamos de los aspirantes a senado, cámara o presidencia de la república, por los sectores alternativos, la suscripción desde ya de un compromiso público que garantice la libertad inmediata para los jóvenes encarcelados.
Tanto los aspirantes al congreso como el ejecutivo deben comprometerse a adelantar frente a la juventud las normas que garanticen un indulto general por delitos políticos. Es cuestión de simple voluntad política hacerlo. Los artículos 201, numeral 2 (indultos), y 150, numeral 17 constitucionales (aministías o indultos), lo posibilitan. ¿Quién dice en el gobierno o desde el congreso yo me comprometo? Es un acto de Justicia hacia una juventud que con su valor abrió puertas de dignidad. Desde MAESTROS COLOMBIA los exhortamos a la espera de que no guarden sepulcral silencio como ocurrió con nuestra propuesta PACTO POR LA EDUCACIÓN
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