La actual juventud en Colombia ha padecido durante los últimos 30 años toda suerte de violencias. Así por ejemplo, se les ha violentado cerrándoles, tras la culminación de sus estudios secundarios, la posibilidad y oportunidad de acceder a la universidad y de formarse profesionalmente, sencillamente porque al poder le interesa que exista una alta reserva y oferta de mano de obra no calificada que frente a la limitada demanda abarate sus costos por vía de la imposición de salarios pírricos.
Pero esta no ha sido la única forma en que se ha ejercido violencia contra quienes representan el presente y futuro de la nación, pues a quienes tienen la osadía de recurrir a créditos para formarse, el ICETEX, años después de culminada su carrera e insertarse en el mercado laboral, continúa exprimiéndolos inmisericordemente con el sentido quizás de sentar un precedente ejemplarizante que persuada mediante el miedo a los estudiantes de no intentar superar la tragedia de la pobreza a las que se les condena desde el momento mismo de nacer.
Pero lejos de lo que pudiera pensarse, tampoco escapan a las múltiples formas de violencia que se ejercen desde el poder aquellos a los que no les queda camino distinto que resignarse e intentar conseguir un empleo para medio sobrevivir, los que prontamente son golpeados por la informalidad, la explotación que se esconde tras la tercerización y normas laborales que en las últimas décadas se pensaron y aprobaron para arrebatarles derechos entre muchos de los cuáles se cuenta la estabilidad en el empleo.
Y es que a esta juventud que se condena a la pobreza y a la falta de oportunidades y que cuando protesta justamente se le criminaliza, se le dispara, se le mutila, se le viola y hasta se le asesina para acallarla hay que contarle que laboralmente hablando las cosas no siempre fueron como son ahora y que auténticas manos criminales les robaron las esperanzas desde el congreso, en los últimos 30 años, bajo el supuesto mentiroso de que quitarles derechos laborales incentivaría a los empresarios a crear nuevos empleos que jamás en realidad aparecieron.
Así por ejemplo, antes de 1990 los contratos en Colombia eran a término indefinido, lo que daba al trabajador seguridad o estabilidad en el empleo. Si al trabajador lo despedían sin justa causa, existía el derecho a su reintegro, al reconocimiento de salarios dejados de recibir o al pago de una indemnización. Ello acabó con la modificación que al Decreto 2351 de 1965 le hizo la ley 50 de 1990 (Senador Ponente Álvaro Uribe Vélez) que suprimió los contratos a término indefinido, dio autorización para despidos masivos sin derecho a reintegro y sin reconocimiento de salarios dejados de recibir o indemnización.
La ley 50/90 no solo volvió el trabajo temporal u ocasional (por 10 meses o por temporadas). También permitió a las empresas no contratar directamente y dio inicio a la explotación de los trabajadores por terceros (tercerización) creando un negocio para los dueños de las bolsas de empleo (Decreto 468 de 1990) y años después para los controladores de las “cooperativas” de trabajo (Decreto 4588 de 2006).
Adicional a lo anterior, el artículo 260 del Decreto Ley 2663 de 1950 fijaba la edad de pensión en 50 años para las mujeres y 55 años para los hombres, siendo el número de semanas para pensionarse inferior a 1000. La ley 100 de 1993 (Senador Ponente Álvaro Uribe Vélez) volvió la salud y las pensiones un negocio para empresarios y una pesadilla para los pobres al elevar la edad para pensionarse a 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres y al aumentar el número de semanas para obtener una pensión a 1000 (20 años).
Ya elegido presidente, Uribe Vélez impulsó e hizo aprobar la Ley 789 de 2002 que eliminó el pago de recargos nocturnos a quienes fuesen obligados a trabajar después de las 6 PM, quitó el pago superior por trabajar en domingos y festivos y redujo las tablas para pago de indemnización por despidos injustos, con el ánimo de volver a favorecer, a costa de los trabajadores pobres, a sus amigos empresarios.
No contento con ello, como presidente Uribe impulsó y aprobó la ley 797 de 2003, que al modificar el artículo 33 de la ley 100/93 volvió a aumentar otra vez la edad para pensionarse, elevándola a 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres e incrementando el número de semanas para pensionarse de 1000 a 1300, esto es, 26 años muy difíciles de conseguir por la inestabilidad o falta de continuidad en los empleos.
El mismo personaje que hoy propone el empleo por días y por horas y que hizo aprobar el Decreto 1174/20 (afortunadamente declarado inconstitucional por la su inciso octavo y parágrafo 6 eliminó la mesada (salario) 14 para los pensionados, creada por el artículo 142 de la ley 100/93, que se cancelaban como un salario adicional en junio de cada año.
Desde este recorrido histórico – legal resultaría inconcebible que los jóvenes, una vez más continuaran indiferentes frente a su participación en política y a la espera de que sigan por parte de los mismos políticos cercenándoseles derechos. El 13 de marzo los puestos donde sufragan los jóvenes no deberían volver a verse vacíos como en otros años. Para ello, la muchachada deberá inscribir primero, antes del 13 de enero, su cédula para poder votar en un lugar cercano a su residencia. El proceso puede hacerse en las sedes de la Registraduría o, más fácil aún, dando clic siguiente enlace: INSCRIPCIÓN CÉDULAS
Excelente artículo, muy ilustrativo sobre cómo se ha manejado la política Laboral en Colombia.
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