Quienes hicieron de la salud un rentable negocio a costa de la salud y la vida de millones de colombianos y construyeron sus fortunas levantándolas sobre cimientos de muerte, hoy hacen uso desvergonzado de sus “medios” de comunicación de bolsillo para irse lanza en ristre contra la Ministra de Salud, Carolina Corcho, y descalificar así una reforma a la salud necesaria y que apunta a restituir u otorgar a este servicio esencial, en la práctica, la naturaleza de derecho constitucional fundamental por su conexidad con el derecho a la vida y a la dignidad de las y los ciudadanos.
Causa a lo menos profunda indignación que aquellos a quienes desde sus privilegios jamás les interesó visibilizar los abusos cometidos contra médicos y personal de la salud, precarizados en sus condiciones laborales, salariales y prestacionales, y contra usuarios a los que se les dilató injustificadamente la atención que requerían, sean quienes desvergonzadamente salgan hoy a hacerles favores a gremios a quienes les preocupa que la reforma a la salud extirpe quirúrgicamente sus inmerecidas ganancias y privilegios.
Y es que nuestro sistema de salud, está muy lejos o dista de ser la octava maravilla que los medios se empeñan hoy en vender a los colombianos en sus revistas y noticieros sobre la base de aplicar la vieja estratagema comunicacional nazi de que una mentira a fuerza de repetirse y desde una lógica de instrumentalización y moldeamiento de la opinión volverse una “verdad”. Ni la ley 100/93 ni la ley 91/89 (en el caso de los docentes) han garantizado una atención de salud acorde con lo que exigiría la Constitución de 1991.
Medios como SEMANA saben perfectamente eso, sin embargo, de la misma manera en que a cambio de dinero un sicario está dispuesto a cegar vidas por encargo, la nueva modalidad de sicariato en el país, el moral, ejercido desde medios estructurados para inocular miedo y odio, se está dispuesto a socavar y destruir desde concertadas matrices mediáticas a personas que como la actual Ministra de Salud, Carolina Corcho, tienen identificados a quienes usufructúan recursos que en lugar de ir a parar a sus bolsillos o a paraísos fiscales deberían estar direccionados a garantizar una atención en salud de calidad y con calidez a la totalidad de los colombianos.
Tanto quienes han visto morir a familiares y amigos por falta de oportunidad en la atención o por la no autorización o dilación en el acceso a medicamentos y procedimientos, como quienes han padecido el viacrucis diario de enfrentar a poderosas entidades a quienes ya ni siquiera las órdenes de tutela dadas por un juez de la República les importa, tienen que tener perfectamente claro que quienes han colocado y siguen colocando en riesgo sus vidas y se han erigido en una verdadera amenaza para el disfrute del derecho a la salud son las EPS y no una ministra que apenas si acaba de llegar a su cargo con la clara intención de salvaguardar derechos colectivos y no intereses particulares.
Quienes han puesto en jaque la vida de los colombianos no son quienes apenas empiezan a gobernar y cargan sobre sus espaldas con el ineludible mandato popular, conferido en las urnas, de actuar para hacer de la nuestra una sociedad auténticamente justa como debe ocurrir en un modelo de estado social de derecho, donde debe prevalecer la satisfacción y plenitud de los seres humanos sobre principios tales como el de conservación del derecho.
Todo, incluido el sistema de salud de un país, debe ser susceptible por lo tanto de ser evaluado y no deben existir referentes jurídicos inamovibles o intocables, pues es desde el análisis de lo teleológico (finalidad) desde donde debe validarse en términos de eficacia y eficiencia si lo que existe merece que se le continúe o que se le supere y se avance hacia nuevas formas de materializar el objetivo misional del estado.
El pánico en la salud no es real sino inducido, construido artificial y mediáticamente por aquellos a quienes los espanta la posibilidad de que las cosas sean como deben ser y no como a ellos, un pequeño sector de la sociedad, le conviene que sea. La Dra. Carolina Corcho no representa terror o peligro alguno para médicos, personal y usuarios de la salud por cuya dignidad procura, sino para una camarilla de empresarios a los que la salud les importa un bledo en relación con sus negocios y ganancias.
El proyecto de reforma a la salud no pone en jaque la vida de ningún colombiano. Amenaza, eso sí, un hasta ahora conveniente modelo en el que los recursos se escapan a chorros, como por una arteria abierta, hacia cuentas privadas dejando de irrigar y de servir para proporcionar una atención en salud de calidad a todos los colombianos.
Que SEMANA pues diga por plata lo que quiera, que ya los colombianos estamos inmunizados contra sus mentiras y manipulaciones desvergonzadas que han hecho de esa “revista” un medio de propaganda al servicio del mejor postor y, consecuentemente, el más grande pasquín nacional.
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