Más allá de las banderas que enarbolamos por la concreción de un auténtico Estado Social de Derecho; por la defensa y fortalecimiento de lo público; por el respeto por la vida y por los derechos humanos; por la construcción de una nación en paz y con justicia social y por enfrentar y denunciar la corrupción y la impunidad, nuestra apuesta también es por la protección del medio ambiente y específicamente de nuestros páramos, cuerpos de agua, fauna y flora, desde la convicción de la necesidad de replantear el actual modelo económico e implementar uno que responda a los postulados de un desarrollo sostenible, en el que resulten fundamentales la sustitución de energías fósiles por energías limpias y la intensificación de la agricultura orgánica.
Desde esta última perspectiva nos comprometemos de manera especial con impulsar la generación de empleo y la estabilidad en el mismo, con una remuneración acorde a las verdaderas necesidades de las trabajadoras y trabajadores, que responda a los postulados del trabajo decente o en condiciones de respeto pleno por la dignidad de las trabajadoras y los trabajadores.
En consonancia con lo anotado, consideramos fundamental tanto la expansión y mejoramiento de la infraestructura hospitalaria y educativa pública como su dotación tecnológica y el reconocimiento y otorgamiento de estabilidad laboral y salario profesional a los trabajadores de la salud y a los educadores del sector oficial a quienes se les conculcan derechos a través de figuras como las órdenes de prestación de servicios y una mal llamada provisionalidad que atentan contra el trabajo decente.
Para el sector salud, creemos que se hace necesario superar el modelo de negocios y de subsidio a la demanda y construir democráticamente y con la participación fundamental de agremiaciones médicas y científicas y del personal asistencial y administrativo, un nuevo modelo de salud que, contrario a la ley 100/93, privilegie desde lo público lo preventivo y garantice oportunidad y calidad en la atención para los usuarios.
Por su parte, para el sector Educación creemos indispensable replantear el modelo de educación masificada impuesto entre otras normas desde el artículo 11 del Decreto 3020 de 2002 y su sustitución por uno de tipo de educación personalizada que se pueda responder y atender de mejor forma a los estudiantes frente a la probable irrupción a futuro de nuevos virus y pandemias. Creemos necesario e impostergable trabajar por un Estatuto Único Docente y por un sistema de promoción y mejoramiento salarial de los docentes del Decreto 1278 que no se supedite a criterios fiscalistas y sancionatorios.
Del mismo modo propugnaremos por que el pleno acceso a derechos, garantías y oportunidades de mejoramiento de la calidad de vida de todos los colombianos y colombianas se convierta en una posibilidad real, a partir de garantizar desde lo público una educación de calidad y gratuita desde el preescolar hasta la universidad, entendiendo para este último propósito la necesidad de fortalecer e incrementar los presupuestos y la oferta pública de formación superior mediante la apertura de nuevas universidades y nuevos programas que se oferten, ya no departamentalmente sino desde los municipios y distritos capitales de departamentos.
Consideramos que en este último propósito se requiere la modificación urgente, de normas como la ley 30 de 1992 y de los actos legislativos 01/01 y 04/07 que sustrajeron importantes recursos a lo social que hoy demandan ser restituidos y ampliados,
Proponemos dentro de todos estos altos propósitos estimular y canalizar la organización ciudadana para la participación directa de los colombianos y las colombianas en los asuntos que los afectan y en la vida democrática, económica, política, social y cultural de la nación, entendiendo que las posibilidades democráticas de los ciudadanos no se agotan o circunscriben al voto y que la construcción de un país, donde prevalezca la justicia social, demanda la participación activa de todos y todas.
Asumimos además dentro de nuestros principios rectores la promoción de la solidaridad, la autodeterminación de los pueblos, la defensa de la vida en todas sus manifestaciones, la promoción de los derechos humanos; de la ética y la transparencia como principios orientadores de la gestión pública. Nos comprometemos así mismo al respeto por lo público y por las diferencias y a la tramitación de las mismas a través de vías civilizadas como el diálogo, la concertación y la construcción de consensos.