No puedo a riesgo de ser irresponsable generalizar, pero si hablar desde la experiencia en el espacio en el que como docente del sector público soy atendido en materia de salud: en el departamento del Atlántico.
Pero más allá de lo que podría por cualquier desprevenido lector interpretarse como una percepción personal y por tanto subjetiva, bastaría con ir a cualquiera de los puntos de atención del magisterio en esta sección del país para ser testigo de excepción de múltiples y justificadas quejas de maestros y maestras por situaciones que van desde interminables filas para transcribir órdenes, como para reclamar medicamentos o tramitar citas con especialistas que no se entregan o se dan para 5 o más meses, sin que importe el deterioro en la condición de salud de quien requiere ser tratado con oportunidad, calidad y calidez.
Sin embargo no siempre la atención puede ser calificada como mala. Valga anotar que cada que está a punto de terminar uno de los billonarios contratos que el FOMAG entrega a casi siempre los mismos contratistas el servicio, como por arte de magia, mejora un poco para luego de alcanzado el objetivo y apaciguadas temporalmente las quejas volver a las mismas prácticas dilatorias y nugatorias de derechos fundamentales.
Tan repetitivas como el círculo vicioso antes descrito es la expectativa que con cada nuevo contrato surge en que el respeto y la dignidad en el tratamiento hacia los pacientes por fin se vuelvan costumbre. Mientras ello no ocurre, repetitivamente desde la organización sindical y desde los llamados a defender nuestros derechos se nos repite una y otra vez con propósitos de convencernos, como efectivamente lo logran, que todo podría ser peor y que somos unos “privilegiados” al “beneficiarnos” de un régimen especial como el instaurado por la ley 91/89.
Y aún cuando la ley 91/89 sin lugar a dudas fue en su momento beneficiosa para los intereses de los docentes, ha dejado en muchos aspectos de serlo lo que ameritaría su revisión y adecuación al espíritu de la Carta del 91, mucho más ahora que existen condiciones y voluntad política del ejecutivo y el legislativo para hacerlo y, lo más importante, conservando el principio de favorabilidad para maestros y maestras. Pensar en esta posibilidad antes del gobierno Petro, reconozco, habría resultado suicida pues habría implicado nuestro traspaso a la nociva ley 100/93 como siempre lo soñó el uribismo.
Para sólo mencionar algunos aspectos a revisar de la precitada ley 91 habría que señalar, por ejemplo, que en lo que respecta a la prestación de servicios médico asistenciales a los maestros actualmente se les violenta el principio constitucional de libertad de escogencia, lo que otorga excesiva seguridad a los contratistas pues una vez firmados los contratos con el FOMAG ya los CONSORCIOS o UNIONES TEMPORALES que se crean para ganarse los billonarios contratos saben que así presten el peor de los servicios médicos posibles a sus usuarios, estos son sujetos cautivos y/o amarrados a la “voluntad e intereses económicos de los mercaderes de la salud.
Otro ejemplo sobre la necesidad de no ver anti dialécticamente a la ley 91/89 como perfecta, acabada e inmutable lo constituye el reconocimiento de intereses anuales sobre las cesantías ligadas a un DTF que en los inicios de la norma pudo resultar beneficioso para los educadores pero que a la fecha lo que hace es perjudicarlos a partir del pago de intereses irrisorios.
Es muy difícil desde la lógica entender cómo a lo largo de los últimos 33 años nuestra dirigencia defendió procesos de contratación en los que a pesar de existir dos representantes del magisterio, fue siempre el gobierno el que decidió desde su presencia mayoritaria en el Consejo Directivo del FOMAG con representantes de 3 ministerios: Educación, Hacienda y Trabajo.
Toda esta situación, termina convirtiendo a los maestros de base en partícipes contra su voluntad de un molesto tráfico de influencias para acceder a servicios que en muchos casos funcionan o son efectivos solo en razón de la proximidad o amiguismo de los docentes a un directivo sindical, en una suerte de relación clientelar en el que el directivo intercede por los suyos y desatiende a quienes no hacen parte de su círculo electoral cercano.
Anecdóticamente recuerdo que cuando presidí a ADEBA y hacíamos todo lo humanamente posible por beneficiar a los educadores que representábamos haciéndoles extensivos los derechos adquiridos de que gozaban como contratados en la Caja de Previsión Social Distrital y reconocidos tras la desaparición de esta por Barranquilla Sana EPS, el fiscal del sindicato y yo recibimos una visita inesperada en representación de los contratistas nacionales de la salud del magisterio.
En esa visita el emisario de los dueños del negocio de la salud, de manera muy sutil nos amenazó por estarnos convirtiendo en “palos en la rueda” o “piedras en el zapato” de intereses muy poderosos y dispuestos a lo que fuera necesario para no afectarse económicamente.
Nos confesó, como pudimos muchos años después constatarlo, que dos funcionarios de la alcaldía, con pasado en el magisterio, garantizaban que desde nuestro mismo paso a Barranquilla Sana, a contratistas del FOMAG (que no nos prestaban servicios) se les cancelara como si sí lo hicieran generándose doble pago y doble contratación por un mismo objeto.
Anunciado por Gustavo Petro y por su Ministra de Salud, Carolina Corcho, una intervención estructural al sistema integral de seguridad social en salud creado mediante la ley 100/93, resulta descorazonador saber que los regímenes excepcionales permanecerán posiblemente incólumes, como si la prestación de nuestros servicios fuese en realidad un modelo a imitar o mantener.
Una reforma integral al sistema de seguridad integral de salud que deje por fuera a regímenes excepcionales como el del magisterio, sin verificar siquiera si estos son o no las maravillas que desde lo teórico quiere mostrársenos, debería llamar la atención del presidente Petro.
Si una gigantesca lupa se colocara sobre la administración del FOMAG por los gobiernos anteriores quien sabe de cuántos escándalos nos enteraríamos que harían ver lo de Odebrecht como una bobadita. No se puede ni se debe gobernar con austeridad y con un plausible discurso anti corrupción siendo permisivos y mirando para otro lado frente a auténticas arterias rotas por donde se desangra a borbotones presupuesto público.
A manera de ideas para la discusión, con lo que el Fondo invierte en los contratos, con lo que se pierde y con los maestros como asociados estratégicos a partir de la creación de una Cooperativa Nacional del Magisterio, podríamos dar un gran paso y perfectamente pensar en clínicas propias del magisterio que eleven la calidad en la atención y la calidad de vida de docentes activos y pensionados
Hizo falta agregar que después de pasar 3 meses para lograr la cita con el especialista y faltando dos o tres días para la cita llaman al paciente para comunicarle que la cita fue aplazada indefinidamente porque el médico renunció, tal como me ocurrió con la cita que tenía el 25 de Julio con el especialista del corazón; ahora debo esperar como le ocurrió al Coronel, a que me llamen para asignarme fecha para la nueva fecha