Pacto por la educación sin exclusión de los educadores: algunas ideas sueltas para la discusión  

“Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma” (Gabriel García Márquez)

Darle por primera vez en el país a la educación superior la importancia que se merece constituirá sin lugar a dudas un hito. La diferencia entre el estado actual de cosas y el país por construir está en el saber. La gratuidad y la concreción de la posibilidad de estudios superiores para todos es un significativo paso en el camino de cerrar la brecha de la desigualdad, entendiendo que solo el acceso al conocimiento posibilita una sociedad justa, democrática e inclusiva.

Avanzar en el reemplazo de la ley 30/92, fortalecer financieramente a las universidades de carácter departamental pero avanzar también como mínimo hacia la constitución de universidades públicas por cada capital de departamento y regionales son sin duda tareas impostergables en el propósito de ofertar cada vez más mayores cupos y oportunidades de acceso a la formación universitaria a los jóvenes que egresan del bachillerato.

Sin embargo, no podemos perder de vista, que la educación universitaria es solo un eslabón dentro de lo educativo y depende de procesos que se articulan y pasan por la educación preescolar, la primaria, secundaria y media. Luego, dejar de mirar holística o integralmente todas las aristas del problema no resulta aconsejable.

Si para algo ha servido la pandemia del COVID-19 ha sido para desnudar la fragilidad del estado y su incapacidad para garantizar continuidad en el cumplimiento de su deber de garantizar la prestación del servicio público educativo y no precisamente por razones atribuibles a los maestros y maestras del país.

Frente a una educación tan fragmentada y en crisis como la sociedad misma, debido en buena medida a la ausencia, indiferencia y negligencia del estado se requiere de la implementación de políticas que coloquen la educación como el centro de las preocupaciones y la discusión pública y como prioridad de la inversión.

En un pacto por la educación, lo fundamental será entonces que por parte tanto de quien aspire a convertirse en jefe de estado, jefe del gobierno y suprema autoridad administrativa como de aquellos a quienes se entregue el respaldo popular en las urnas, se asuma como compromiso público y se pacte acometer el sacar adelante las iniciativas y/o reformas educativas que el país necesita.

En ese orden de ideas y a nuestro entender, la primera tarea por cumplir tiene necesariamente que ser el revertir las reformas constitucionales que a partir de los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, primero de manera transitoria y luego de forma permanente, asestaron un durísimo golpe al estado social de derecho mediante la sustracción de recursos que significó la modificación de los artículos 356 y 357 Superiores.

Con la provisión de recursos que se derive de la implementación, a partir de una reforma constitucional, de una fórmula que restituya en igual o superior volumen los recursos de la educación debe avanzarse luego en varias, pero simultáneas, direcciones.

Una de estas necesariamente tiene que ver con garantizar que ninguno de los niños y niñas que nazcan en el país deban padecer daños irreparables en sus cerebros como consecuencia del abandono, la desnutrición y del hambre. El Estado central y las entidades territoriales deberán concurrir de conformidad con los artículos 43 y 44 constitucionales para garantizar siempre a la población vulnerable una alimentación equilibrada mediante la participación y vinculación de las madres comunitarias y una atención especializada en educación en tres y no en un único nivel de preescolar.

Otro compromiso por materializar tiene que ver con la necesidad de trámite y promulgación, sin más dilaciones, de un estatuto único docente que cobije tanto a los docentes del sector público vinculado legal y reglamentariamente a través de los Decretos 2277/79 y 1278/02, como a los educadores del sector privado.

Dicho estatuto único deberá tener por propósito romper con el tratamiento diferenciado, otorgar estabilidad en el empleo y garantizar salarios acordes con el reconocimiento de la profesión y de la dignidad debida a los docentes, en el que no se admita que el ascenso y el mejoramiento profesional y salarial se supedite a razones fiscales y mucho menos a evaluaciones de naturaleza extorsiva.

Desde luego que tal normativa, acorde con el estatuto del trabajo, que también está en mora de expedirse desde hace 30 años de acuerdo con lo consignado en el artículo 53 constitucional, debe proscribir toda forma de contratación abusiva y violatoria del trabajo digno y debe, excepcionalmente, posibilitar la vinculación inmediata y en propiedad de cerca de 70 mil docentes provisionales en el país, colocados intencionalmente en permanente situación de zozobra en lo que respecta a la continuidad de su trabajo, para la cual no ha resultado ya suficiente, año tras año, su demostrada idoneidad profesional.

Resuelta esta gravísima e inaceptable situación de injusticia, será menester emprender una tarea compleja como deberá ser la de triplicar o cuadruplicar la infraestructura escolar existente en orden a pasar de un modelo de educación masificado a uno personalizado que posibilite no solo ambientes bioseguros y amigables, con emisiones y niveles mínimos de CO2, sino también avanzar en la dirección de mejorar, a partir de acciones concretas y no solo de discurso, la calidad de la educación.

Con fundamento en lo antes expuesto, deberá no solo derogarse el Decreto 3020 de diciembre 10 de 2002 sino también revisarse la NTC 4595 de manera tal que arquitectónicamente se minimicen los riesgos de contagios por aerosoles de enfermedades respiratorias, a partir de diseños que contemplen niveles óptimos de ventilación y renovación permanente del aire de las aulas de clase.

Obviamente, triplicar o cuadriplicar la infraestructura escolar existente demandará triplicar o cuadriplicar en el más corto tiempo la planta de personal docente y ello derivará en reducción de cargas laborales y en tiempos que deberán ser aprovechados en la más amplia deliberación en función de la redefinición, dentro de plazos precisos, de un proyecto y modelo pedagógico consensuado y pensado desde nuestras propias realidades, experiencias y expectativas y necesidades y no desde unas que nos resulten, como siempre ha ocurrido, ajenas o extrañas.

Por lógicas razones, la educación de la post pandemia no deberá prescindir sino apoyarse, fortalecer y consolidar el uso de tecnologías de la información y sustentarse, además en la comunicación. El Sistema Nacional de Educación Masiva del que trata el artículo 45 de la ley 115 de 1994 debe dejar de ser letra muerta y convertirse en realidad.

La radio y televisión educativa y la provisión de herramientas tecnológicas y conectividad pueden y deben ser impulsadas en la perspectiva de construir una sociedad del conocimiento en el que los saberes fluyan, se complementen y enriquezcan colaborativamente el proceso de enseñanza aprendizaje.

¿Habrá algún candidato y alguna bancada dispuesta, antes que a buscar votos y a esperar respaldos, a abrirse a escuchar y comprometerse con lo que sus eventuales electores creen que puede y debe hacerse? Esperemos que las y los actores del proceso educativo se involucren en el más amplio proceso deliberativo donde se esbocen el mayor número de ideas posibles que nos permitan delinear la nueva educación que el país requiere.

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