Pensar en que la deficiente atención que prestan los contratistas del FOMAG a las maestras, maestros y sus núcleos familiares se soluciona contractualmente, esto es, mediante la introducción de nuevas clausulas o la modificación de las existentes, podría generar en el magisterio expectativas irrealizables que amenazan en el corto tiempo con la concreción de una nueva frustración. En la práctica, y no en la teoría, los modelos de salud en Colombia vienen “haciendo agua” y expresando la ineficacia e ineficiencia de las leyes en que se soportan.
Ni la ley 100/93 ni la 91/89, evaluados desde el momento actual, han dado respuesta a las expectativas ciudadanas. La lógica de los prestadores del servicio al magisterio, entiéndase la de los contratistas del FOMAG, es exactamente la misma lógica perversa de los mercaderes de la salud que, desde la expedición de la ley 100 en 1993, se han enriquecido sacrificando incluso para tal fin el bienestar, la salud y la vida de millones de colombianos. En ellos prevalece más el sentido de negocio que el de servicio y el interés de la ganancia, a cualquier costo, es su único norte.
Por esto último, particularmente, me resulta profundamente plausible que desde el Ministerio de Salud del gobierno actual, en cabeza de Carolina Corcho, sin tibiezas ni eufemismos, se encare con propósitos no paliativos (reformas) el cáncer que carcome y cercena la prestación y el disfrute del derecho constitucional y fundamental a la salud y se proponga, a pesar de las críticas y los ataques desde quienes sienten afectados sus privilegios y negocios, ponerle el cascabel al gato y hacer no lo que se puede sino lo que se debe hacer.
Lamentablemente a personas del enorme valor de la doctora Corcho, ignoro las razones, se les colocan límites para intervenir en otros regímenes exceptuados que de especiales no tienen absolutamente nada, como si los usuarios de esos servicios no tuvieran también el derecho a que se les proteja de la voracidad de quienes negocian y se lucran con la salud en el país. De esta manera si los propósitos de intervención de la Minsalud se concretan, se habrá instaurado desde el propio gobierno –pero no por responsabilidad de la Ministra-, un inadmisible trato diferenciado en los que habrá ciudadanos de primera y segunda categoría.
En su propósito de otorgar calidad y calidez en la atención en salud a los colombianos, desde lo preventivo y lo predictivo, la Minsalud –en contravía de los postulados neoliberales- tiene claro que hay que fortalecer y potencializar el sector público y en ello debería haber un punto de encuentro con una agremiación como FECODE, a la que hay que aplaudirle, y está en mora de reconocérsele, su permanente y exitosa reivindicación y defensa de lo público.
En virtud de esa defensa y compromiso, deberían explorarse y tenderse puentes que posibiliten a FECODE contribuir, ya no solo efectivamente en la defensa de la educación pública, contra los neoliberales propósitos privatizadores de un derecho fundamental como el de educación, sino coadyuvar sinérgica y coherentemente en el propósito de reivindicación efectiva de la prestación del servicio de salud desde la esfera de lo público, sustrayéndola cada vez más del manejo mercantil por parte de interés privados.
Insistimos, la ley 91/89 -que en su momento resultó un instrumento eficiente para la defensa o salvaguarda de los derechos e intereses del magisterio- ahora que hay un gobierno amigo, no solo puede sino que debe ser revisada en función de (en concordancia con el principio de favorabilidad) conservar lo que aún es funcional y beneficioso y avanzar en el propósito de consecución de nuevos logros para un gremio que ha preservado gran parte de sus conquistas históricas, pero al que los gobiernos anteriores le cercenaron la posibilidad de avances y desarrollos más allá de los conquistados mediante la lucha en las calles.
En una apreciación muy personal y abierta a la posibilidad de debate, creo que el FOMAG no puede seguir siendo una especie de caja menor de la que el gobierno echa mano cuando requiere flujo de caja, pero con la que permanentemente vive en mora en sus aportes. Tampoco sus recursos, mayoritariamente aportados por maestros y maestras, deben servir para fortalecer arcas y fortunas de actores privados y/o propietarios de empresas de salud. Mucho menos que la Minsalud, a quien le toca conjurar problemas a través de la Superintendencia, no sea por lo menos parte del Consejo Directivo del FOMAG.
Creo, eso sí, en la posibilidad de modernizar el Fondo para hacerlo un ente multipropósito que aparte de atender el pago de las prestaciones sociales del magisterio focalice y responda también a las necesidades de vivienda, educación, recreación y crédito de los maestros y maestras y que ojalá no solo pudiese construir en todo el territorio nacional una infraestructura hospitalaria propia y moderna que contrate y/o concesione la prestación de los servicios de salud con una Cooperativa Nacional del Magisterio (también por construir), para no depender ni fortalecer intereses privados, sino los intereses de los servidores públicos de régimen especial, quienes serían los que constituirían esta empresa de tipo asociativa.
Un propósito de esta índole contribuiría a la democratización y extensión de la propiedad y convertiría a los docentes en propietarios de su propia prestadora de salud haciendo realidad la consigna de Carlos Pizarro sobre un país de propietarios. De todos modos, si nada de lo anterior se concretiza, por simple ausencia de voluntad política para hacerlo, por lo menos a los contratistas del FOMAG deberían aplicárseles el esquema que se le aplicó perversamente a los hospitales públicos para sacarlos de competencia respecto a los privados: Pasarlos a un esquema de subsidio a la demanda, de tal suerte que si no prestan servicios no reciban un peso. Lo otro sería, de conformidad con el espíritu de la Constitución del 91, garantizar a los usuarios docentes su derecho constitucional y fundamental de libre escogencia del que hoy no gozan.
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