El próximo 26 de mayo se efectuarán, entre otras, las elecciones de Comité Ejecutivo de dos de las más importantes organizaciones sindicales del país, la CUT y FECODE. Dentro de los aspirantes a llegar a la dirección de la primera está, Carlos Enrique Rivas Segura (87 en el Tarjetón), actual presidente de FECODE y uno de los dirigentes sindicales más importantes del país, cuya ausencia en la dirección del magisterio sindicalizado será sin lugar a dudas notoria a partir de la fecha de elección.
Lo peculiar es que para suceder a Rivas en FECODE, el Movimiento Social y Político SI PODEMOS que tiene en el actual presidente de la Federación de Trabajadores de la Educación a su fundador y principal dirigente ha optado por respaldar a una mujer y líder sindical del magisterio de la Región Caribe, en un gremio mayoritariamente integrado por mujeres pero donde paradójicamente un no admitido machismo y patriarcado cierra espacios de participación a las mujeres.
Georgina Arroyo Gutiérrez (12 en el Tarjetón) es el nombre de la mujer, madre y maestra que aspira, como cabeza de lista, a llenar el espacio que dejará Carlos Rivas en FECODE y la mejor manera de describirla es como una mujer que combina alegría y espontaneidad con carácter y cuya vida ha estado ligada a ambas orillas del Rio Magdalena. Nacida en Sitionuevo (Magdalena) tiene vínculos indisolubles con el Atlántico, en cuya capital vive. Egresada del Colegio Pablo VI de Soledad y de la Facultad de Educación de la Universidad del Atlántico, esta educadora ha sido subdirectiva y ocupado cargos como la presidencia del sindicato de educadores del Magdalena EDUMAG.
Para reafirmar el compromiso de este sector magisterial con las maestras del país, el segundo renglón en esta lista es Yeky Hernández, una maestra de Guainía, que representa a las y los docentes de la denominada Colombia Profunda.
En una campaña en la que hasta ahora sobresalen los altos costos en publicidad y los apoyos se construyen y consiguen más desde las emociones y desde el amiguismo que desde las ideas y propuestas, quisimos indagar con ella sobre cuáles son sus más importantes motivaciones para aspirar a ser elegida y que propuestas impulsaría desde el seno del Comité Ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Educación. Esto nos respondió:
GA: Una de las tareas inaplazables de FECODE, tan importante como la del Estatuto de la Profesión y la de financiación de la educación a través de una reforma constitucional y no de una de tipo meramente estética al SGP, tiene que ver con el tema de la salud. Aunque estamos en medio de una prórroga del contrato y se habla de otra prórroga, que sería desde todo punto de vista inaceptable bajo las actuales condiciones de prestación, es un secreto a voces que las maestras y maestros de todo el país venimos padeciendo una atención en salud deplorablem, por parte de los contratistas del FOMAG, sin que se tomen cartas en el asunto.
Ya hay voces, incluso, planteando frente al tema reivindicar la primacía de la Constitución del 91 sobre la ley 91/89 en lo que respecta a la libertad ciudadana de escogencia. Igual asoman posiciones reclamándonos que en el tema salud los educadores también reivindiquemos lo público frente a los intereses privados. Voy más allá, ya hay quienes vienen afirmando que la salud de los maestros no puede seguir siendo concebida como mercancía y negocio en manos de grandes mercaderes de la salud. Incluso hay sectores que afirman que a los prestadores privados del FOMAG hay que aplicarles contractualmente el modelo que el neoliberalismo le aplicó a la salud pública con propósitos privatizadores, esto es un modelo de subsidio a la demanda en donde se les cancele exclusivamente por eventos efectivamente atendidos, en lo que constituye algo así como darles a los empresarios de la salud algo de su propia medicina.
Yo particularmente defiendo la ley 91/89 pero no de manera dogmática, anti dialéctica y, por tanto, conservadora. Creo que hay que mantener de ella muchísimos aspectos, sin negarnos a avanzar y mejorar en otros. No hemos valorado suficientemente, pienso, que bajo este gobierno vivimos un momento excepcional en donde desde otra concepción del estado, garantista, podemos y debemos explorar la voluntad política del mismo para consolidar lo que históricamente hemos alcanzado y avanzar hacia la consecución de nuevos derechos. Eso es lo que la maestra y el maestro de base demandan y esperan. Ya la excusa de una correlación de fuerzas adversa al interior del consejo directivo del FOMAG no es de recibo, como tampoco lo es el inmovilismo bajo el que nos amparábamos de las posibles consecuencias de las arremetidas neoliberales.
¿Por qué son tan extraños o ajenos a otros candidatos este tipo de posturas?
GA: A nivel de esta campaña vienen utilizándose clichés. Hay muchas frases que generalizan sin contenido. El tema de la Financiación de la Educación, la necesidad de un Estatuto de la Profesión Docente están en boca de la mayoría de candidatos pero sin negar la importancia de estas temáticas hay problemas que se obvian o que muchos no se atreven a abordar de manera directa y abierta. Quizás no sea políticamente correcto decir lo que yo digo, pero alguien se tiene que atrever a ser disruptivo e interpretar al magisterio de base.
Le pongo un ejemplo, en el caso de los docentes del Decreto 1278 pareciera que todo se centraliza y reduce la problemática de este sector del magisterio a la aplicación de la ECDF y, aunque desde mi perspectiva esa es una temática donde no ha habido quien se interese y atreva a ponerle el cascabel al gato, planteando formas de ascenso que no estén amarradas a criterios fiscalistas, hay otros problemas que también deben abordarse. Yo creo que a los compañeros, en lo que respecta a su posibilidad de mejoramiento profesional y salarial por ascenso hay que hacerles extensiva la forma de ascenso de los 2277, esto es, que ascienden por tiempo de servicio y estudios y sin amarrar sus ascensos a criterios macroeconómicos.
¿Con otros problemas que deben abordarse a qué se refiere específicamente?
GA: Por ejemplo aquí se habla de unificar a los docentes bajo un estatuto de la profesión pero nadie menciona la necesidad de unificación del régimen prestacional para sustraer a los 1278 del régimen de prima media de ley 100 en el que el uribismo los colocó a partir del artículo 81 de la ley 812 de 2003 (Plan Nacional de Desarrollo) y luego por el acto legislativo 01/05. Eso hay que revertirlo, igual a como hay que revertir los actos legislativos 01/01 y 04/07 que al modificar los artículos 356 y 357 constitucionales le robó a la educación pública más de 200 billones de pesos. La reversión de estos actos legislativos restituye derechos prestacionales a los docentes 1278 y erosiona los cimientos sobre los que se sustentan regímenes diferenciados.
¿A qué se refiere?
Simple, no hay que perder de vista que el Decreto 1278/02 se soporta sobre la ley 715/01 y que esta norma a su vez se erige a partir de la expedición del acto legislativos 01/01. Entonces, fíjese que la reversión de tales normas tiene incidencia hasta en perversiones legales como las de condenar a miles de docentes a una vinculación no legal y reglamentaria sino en provisionalidad como lo instituyó el Decreto 1278. Estos docentes, todos,deben pasar de la provisionalidad al nombramiento en propiedad.
¿Ahondamos en esto de la provisionalidad?
GA: Claro. La provisionalidad de miles de maestros la posibilita el Decreto 1278. Sin ley 715 no hay 1278 ni ECDF y la ley 715 surge del acto legislativo 01 de 2001. Los docentes provisionales son víctimas hasta ahora invisibilizadas de un estado que, prevaleciéndose de su poder, abusa de ciudadanos a los que se les niega estabilidad laboral y el derecho de ingreso a la carrera docente. Hay que propiciar que en el caso de los docentes provisionales se declare´por parte de la Guardiana de la Constitución un estado de cosas inconstitucional que obligue al estado a vincular en propiedad a sus víctimas o que le posibilite a estas, si ello no ocurre, a demandar y obtener resarcimiento de sus derechos, bien sea a través de la justicia interna o de la justicia interamericana.
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