Docentes Provisionales: Pueden y deben ser nombrados en propiedad

En un país serio, cuyas autoridades, acorde con la ciencia, reconocieran que la principal forma de transmisión de los virus respiratorios es la vía aérea y que tuviera claro que el COVID-19 es solo la primera expresión o manifestación de pandemias similares de transmisión por aerosoles (respirable) que sobrevendrán en el futuro, ya las nuevas modalidades o formas de prestación del servicio público de educación deberían estar estructurándose.

Lo primero que debería estar repensándose es la Norma Técnica de Construcción NTC-4595, de tal suerte que tanto la infraestructura existente sea intervenida y modificada y la por construir tengan como eje central el tema ventilación y renovación natural o mecánica del aire de las aulas y aspectos de bioseguridad tan básicos como que se reconozca la necesidad de eliminar los baños comunes y garantizar que cada aula cuente con su propio lavamanos y sanitario con sistemas eficientes de recambio de aire.

Lo segundo que debería ya estar siendo objeto de estudio, en función de evitar desde el hacinamiento mayores probabilidades de propagación de virus respiratorios de transmisión aérea, es lo concerniente al necesario cambio de modelo de atención educativa: Hay que pasar de un mezquino y ahorrativo modelo de atención masificada a uno de atención personalizada donde la relación técnica estudiante-docente, instituida por el artículo 11 del Decreto 3020 de diciembre 10 de 2002, no conspire contra los tan necesarios aforos bioseguros, que por disminución de las concentraciones de niveles de CO2, haga menos probable la transmisión de enfermedades y facilite un mejor funcionamiento neuronal de nuestros estudiantes.

Ahora bien ¿Qué implicaciones tendrían estas medidas? Sencillamente requerirían una reforma constitucional para retrotraer a la situación anterior a la expedición de los actos legislativos 01/01 y 04/07 los artículos constitucionales 356 y 357 de tal forma que existan en el mismo, o en mayor monto a los iniciales, recursos suficientes para inversión pública en educación.

Esto último ¿Para qué? Pues para invertir en la duplicación o triplicación de las aulas o escuelas actualmente existentes lo que demandará el descongelamiento de los concursos para poder también triplicar la actual planta de personal docente del sector público, lo que garantizará que se cubran las nuevas necesidades y demandas de educación y que, pensando en términos de un verdadero proceso de fortalecimiento de la educación, se libere a maestros y maestras de sobrecargas laborales que dificultan pensar en términos de calidad y que adquieren ribetes de sobrexplotación deshumanizada de personal calificado.

Si queremos ser como Singapur y Finlandia, elevando los estándares de exigencias de maestros y maestras e intentando alcanzar burdamente sus niveles y resultados, tenemos que tener en claro que ello no será posible sin reparar ni mirar el tratamiento social, salarial y prestacional que esas sociedades otorgan a sus maestros, y mucho menos sin invertir lo que las mismas invierten en lograr un altísimo nivel de cualificación académico de su personal docente, en construir aulas y espacios escolares de primerísimo nivel y comodidad y en privilegiar una atención personalizada en la que el docente, bien remunerado, si puede dedicar todo su tiempo a grupos pequeños, reparando en las necesidades de cada estudiante.

La pregunta obvia que resulta de todo lo anterior es ¿Y qué tienen que ver los docentes provisionales en todo este asunto? Pues todo. No debería haber más docentes provisionales en el país. Todo el que ostente tal condición debería, bajo el otorgamiento de una favorabilidad excepcional que tendría que proponerse por un gobierno justo y diferente a los que hemos tenido y tramitarse por un congreso que difiera en su composición del actual que ya ha dejado suficientemente en claro su carencia de voluntad política para tramitar las reformas constitucionales o legales que corten con la injusticia y situación irregular que durante años ha venido cometiéndose con estos colegas.

Y es que carece de explicación lógica, que existiendo las necesidades del servicio y supliendo estos educadores con lujos de detalle -como en su mayoría lo han venido haciendo durante años- la prestación del servicio público educativo, no se les haya regularizado su situación laboral y el Estado no les haya reconocido la estabilidad laboral y todas las prerrogativas normativas y derechos que si se les conceden a los docentes nombrados mediante un proceso legal y reglamentario.

Es inconcebible, que después de proferida por parte de la Honorable Corte Constitucional la Sentencia C-555 de diciembre 6 de 1994 el Estado, prevaliéndose de su poder, e impunemente, haya vuelto a reincidir en el otorgamiento de un  injusto tratamiento diferenciado hacia un grupo de docentes que claramente trasgrede o violenta varios de los principios consagrados en el artículo 53 Constitucional y que desde una perspectiva relacional y comparativa, inherente a todo juicio de igualdad, resulta inadmisiblemente discriminatorio.

Haciendo parte de un régimen legal y reglamentario y de la planta de personal, teniendo un superior del que reciben órdenes y frente al cual deben cumplir un horario y, estando previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente (Artículo 122 CN), es injustificable que haya unos docentes que si puedan acceder a la función pública que, en la modalidad estatutaria, son el nombramiento y la posesión, mientras que a otros, a quienes se denomina provisionales, se les prive de este derecho en función de la economía y la conveniencia  del gobierno.

La Corte en aquel momento y sin que su pronunciamiento haya perdido sustento y validez sostuvo en la sentencia de la que ya se hizo referencia:

“La diferencia originada en el menor costo económico, principalmente causada por la falta de reconocimiento de prestaciones sociales, no obstante la naturaleza laboral de la actividad efectivamente cumplida por los docentes… se torna irrazonable… El trabajo, así beneficie al Estado, genera derechos y obligaciones irrenunciables. Las prestaciones sociales, corresponden a un concepto de derecho mínimo establecido en las normas laborales, que es irrenunciable… Con base en el criterio del menor costo económico, no puede erigirse un tratamiento jurídico diferenciado para los dos grupos de docentes”.

Puntualizó además la alta Corporación, sentando un precedente constitucional con validez tanto frente a los docentes temporales como a los eufemísticamente llamados hoy provisionales que:

“El ahorro y la economía, de suyo loables, no lo son cuando su condición de posibilidad se deduce simplemente del sacrificio de los derechos fundamentales de unas pocas personas que deben soportar injustificadamente una carga social desigual e inequitativa. La economía en la función administrativa a la que se refiere la Constitución no es aquélla que se produce a expensas de la dignidad humana.”

Existiendo este precedente jurisprudencial, queda en evidencia que lo único que se requiere para el nombramiento de los provisionales, entregándoles prelación y condiciones excepcionales que les restituyan la justicia es un gobierno y un congreso integrado por partidos políticos diferentes a los que nos han gobernado durante los últimos 27 años. El poder está en el terreno de los provisionales. Disponen de una poderosa herramienta para materializar su sueño: la cédula. Solo les resta organizarse y votar bien.

Alberto Ortiz Saldarriaga

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