Hagamos un poco de historia. El pasado 19 de junio se cumplieron 19 años de la expedición del Decreto 1278 con el que inteligentemente, y en un propósito de largo plazo, la clase dirigente del país decidió dividir al magisterio para, a partir de tal división, sacar el máximo partido político posible en función de implementar políticas que significaran arrebatar gradualmente derechos, garantías y conquistas al magisterio oficial.
La jugada maestra de expedición de esta norma se fraguó previamente con la reforma constitucional promovida por Andrés Pastrana e introducida por el acto legislativo 01/01, que posibilitó modificar los artículos que instituían el situado fiscal y los ingresos corrientes de la nación como fuentes de financiación de lo social (Artículos 356 y 357) para reemplazarlos por un Sistema General de Participaciones que sustrajo o raponeó recursos de la educación para “ayudar transitoriamente” a la banca.
Modificada impunemente la Constitución sobrevino reglamentariamente la ley 715 de 2001 y parte de su desarrollo fundamental fue la expedición del Decreto 1278 de junio 19 de 2002 o Estatuto de Profesionalización Docente, que desregularizó las condiciones laborales de los profesionales de la educación otorgando a los rectores un poder coaccionador sobre los mismos a través de un proceso de evaluación que año a año coloca inmerecidamente en entredicho la idoneidad y competencia de profesionales a los que el propio MEN les expidió un título por haber demostrado académicamente estar preparados para ejercer su profesión.
Paralelamente la forma de ascenso y de mejoramiento profesional y salarial de los nuevos docentes también se vio afectada, al amarrarse su concreción a condiciones fiscales derivadas del hueco financiero que crearon “transitoriamente” el acto legislativo 01 de julio 30 de 2001 (gobierno Pastrana) y que luego volvió permanente (pero reorientando los recursos ya no hacia la banca sino hacia la guerra) el acto legislativo 04 de julio 11 de 2007 (gobierno Uribe).
A partir de ahí no ha habido forma de que se entienda que en derecho, de la misma forma en que las cosas se hacen se deshacen, y que restituir el plano de justicia, de igualdad y de acceso a los derechos y las oportunidades para los docentes 1278 pasa por una nueva reforma constitucional que al colocar como centro y prioridad del ejecutivo y del legislativo lo social devuelva en una proporción igual o mayor a la existente antes del acto legislativo 01 de 2001 la masa de recursos que permitan que la educación no siga siendo la cenicienta de la historia y maestros, estudiantes y colegios no sigan viéndose seriamente afectados por lo mismo.
Desde luego que para una iniciativa de tal tipo, es necesario que exista voluntad política para concretizarla y es ingenuo pensar que la misma va a surgir espontáneamente o de la noche a la mañana de los mismos partidos políticos que han gobernado y de los mismos congresistas que durante las últimas décadas se han concertado con el gobierno precisamente para asestar golpes a los intereses y derechos del magisterio y del pueblo colombiano.
De ellos nada, salvo que se sea extremadamente ingenuo, puede esperarse. La muestra es, por ejemplo, que durante más de 19 años han distraído a los maestros y a FECODE, con un altísimo grado de responsabilidad (para no aventurarnos a hablar de complicidad) de la dirigencia sindical (no confundir con la organización); distracción que se materializa con acuerdos irrealizables y con la creación de comisiones inútiles para la redacción y concertación de un texto de estatuto para presentar al congreso y que no se ha concretado, entre otras razones, porque al gobierno el único Estatuto Único que le interesa es el que se genere, por efectos del paso del tiempo y por sustracción de materia del servicio público (pensión) de los docentes del 2277
Después de casi dos décadas en el que en los pliegos de peticiones y los paros nunca el eje central de las luchas ha sido la reforma constitucional que posibilite desde la provisión y garantía de recursos suficientes para la educación la adopción de un estatuto único de la profesión docente (1); la eliminación de formas de evaluación que rompen con el principio constitucional de buena fe al colocar periódicamente en entredicho la idoneidad profesional del maestro y descargar sobre el mismo la carga de la prueba en demostrar que en un año no ha dejado de ser competente (2) y, las barreras fiscales para ascender y mejorar salarial y profesionalmente (3), ya va siendo tiempo de que entendamos lo que debe hacerse.
Lo por hacer pasa por entender que, aunque importante, lo fundamental va más allá de lograr la convocatoria a cursos de formación de la III cohorte de la mal llamada Evaluación con Carácter Diagnóstico Formativo para solucionar la situación de 8.000 colegas a los que mediante maniobras dilatorias viene coartándoseles la posibilidad de ascenso y reubicación salarial.
Lo fundamental es comprender que la lucha debe dar un salto cualitativo y pasar de lo gremial a lo político y de abordar y resolver no las formas de expresión del problema sino el problema mismo. Una lección importante por aprender, es que las conquistas que desde fines de la década del 70 del siglo pasado conquistaron los docentes y que infortunadamente se han venido perdiendo, responden a un momento histórico de un magisterio ideologizado, politizado y movilizado en función de arrebatarle al estado derechos.
Sí se decide hacer lo que de verdad se necesita hacer, hay que colocar maestros y maestras en los espacios donde se adoptan las decisiones de fondo y no delegar, sino asumir directamente y consultando democráticamente y en todo momento con las bases, la construcción de las normas que permitan restituir los recursos suficientes y necesarios para educación (reforma constitucional) y promulgar subsiguientemente un estatuto único de la profesión docente que rompa el techo de ascenso para los educadores del decreto 2277; que elimine la evaluación-coacción; que garantice la estabilidad laboral plena, e instituya como única forma de ascenso y mejoramiento salarial los títulos, la actualización académica, la experiencia laboral y, eventualmente, la producción académica.
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